by Maria Pena

WASHINGTON—Como parte de su esfuerzo por restringir la inmigración legal, la Administración Trump estudia un posible cambio regulatorio para que sea más difícil obtener la residencia permanente u otro ajuste migratorio a extranjeros que puedan recibir beneficios públicos para ellos o sus hijos estadounidenses.

El cambio en los reglamentos relacionados con la “carga pública”, adelantado ayer por la agencia Reuters y “Vox”, es por ahora sólo un borrador de propuesta, pero ya ha sonado las alarmas entre grupos defensores de los inmigrantes en todo el país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “propone esclarecer qué tipos de beneficios públicos tomará en cuenta al determinar si un extranjero tiene probabilidades de convertirse en una carga pública”, explica el borrador.

En concreto, el cambio propuesto permitiría que las autoridades migratorias puedan negar la “tarjeta verde” u otro ajuste migratorio a quienes considere que puedan depender de ciertos beneficios públicos para ellos o sus hijos nacidos en EEUU.

La Administración ya había intentado algo similar el año pasado mediante una orden ejecutiva filtrada a la prensa pero que nunca se adoptó oficialmente.

La ley migratoria actual define como “carga pública” a individuos que reciben ayuda del gobierno como un subsidio directo, o a través de programas financiados por el gobierno, incluyendo cupones de comida.

Pero el DHS quiere ampliar el escrutinio de los beneficios públicos que reciba un extranjero o su familia en el futuro, argumentando que el uso de esas ayudas por parte de extranjeros puede “proveer un aliciente para que los extranjeros emigren a Estados Unidos”.

Es decir, el DHS recurre al conocido argumento de los ultraconservadores de que los inmigrantes son una “carga pública” porque utilizan programas financiados con los impuestos de los estadounidenses.

Un estudio de 2016 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina determinó que entre los hogares inmigrantes con menores de edad, el 5,5% recibe subsidios públicos, y el 4% recibe ayuda de vivienda. A manera de comparación, entre los hogares estadounidenses, los porcentajes son del 6,3% y 5%, respectivamente.

De implementarse, el cambio permitiría que el DHS tome en cuenta si un extranjero –ya sea que solicita la residencia permanente u otro tipo de visa- recibe beneficios como “Head Start”, el “Programa de Cuidado de Salud para Niños” (“CHIP”, por su sigla en inglés),  cupones de comida, asistencia alimentaria para “WIC”, “Medicaid”, subsidios de vivienda, de transporte, calefacción, o para la compra de seguro médico bajo “Obamacare”.

Según el abogado Alvaro Huerta, del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), el cambio “afectaría a personas que intentan inmigrar al país, por ejemplo con visas de educación, o a personas que ya están en EEUU y quieren ajustar su estatus a la residencia permanente…esto no afectaría a quienes solicitan la ciudadanía”.

“Hay que recalcar que se trata solo de un borrador que no se ha propuesto oficialmente, y habría tiempo de lucha contra este posible cambio… es importante asegurar que el público tenga la información pero no sienta miedo, porque nada ha cambiado todavía”, enfatizó Huerta.

En un comunicado conjunto, NILC y el “Center for Law and Social Policy” (CLASP), que aboga por la erradicación de la pobreza, condenaron que el presidente Donald Trump “esté tratando de lograr por la puerta trasera lo que no ha logrado vender al Congreso: amplias restricciones sobre la inmigración familiar y políticas punitivas que perjudicarían desproporcionadamente a las minorías”.

Se trata de una propuesta peligrosa que obligaría a las familias, incluyendo niños estadounidenses, a escoger entre solicitar la ayuda que necesitan, y obtener un estatus migratorio seguro para ellos o sus familias, agregaron.

Ambos grupos insistieron en que, en todo caso, el Congreso tendría que dar el visto bueno a cualquier cambio regulatorio en las leyes de inmigración.