Por María Peña

WASHINGTON – Los republicanos persisten en su guerra de desgaste para anular “Obamacare” pero, en sentido contrario, estados como California, y más recientemente Oregón, han adoptado leyes para dar o ampliar la cobertura de “Medicaid” a familias inmigrantes, incluso para niños indocumentados.

El Senado inició la semana pasada su receso de agosto sin aprobar una legislación para derogar “Obamacare”, como lo hizo en mayo pasado la Cámara de Representantes pero, según el vicepresidente Mike Pence, “la lucha no ha terminado en absoluto”.

Durante un encuentro de estudiantes conservadores, Pence dijo el viernes pasado que tanto él como el presidente Donald Trump mantienen su compromiso con la promesa electoral de “anular y reemplazar Obamacare”.

Aunque los republicanos prefieran centrarse en otras prioridades el mes próximo, como la reforma tributaria  y la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2018, está claro que la Casa Blanca seguirá presionándolos para anular la reforma sanitaria de 2010.

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Bajo “Obamacare”, los inmigrantes naturalizados pueden acceder a todos los beneficios de cobertura médica, incluyendo créditos tributarios para la compra de un seguro, mientras que los inmigrantes con residencia permanente, permisos y visas temporales, o estatus de asilo o refugiados, también pueden obtener subsidios dentro del “intercambio de mercados”, según esta página web.

Los inmigrantes indocumentados, sin embargo, quedan excluidos de “Obamacare”, porque las leyes les prohíben pedir beneficios públicos del gobierno federal.  Las clínicas comunitarias, no obstante, ofrecen servicios de salud preventiva sin importar el estatus migratorio de los pacientes.

En todo caso, para llenar el hueco, varios estados han aprobado leyes para proteger también a los inmigrantes “sin papeles”.

Estados contrarios

La semana pasada, la gobernadora demócrata por Oregón, Kate Brown, promulgó la ley estatal “SB558” que garantiza cobertura médica dentro de “Medicaid”  para niños indocumentados y que, según cálculos preliminares, beneficiará a más de 17,000 niños inmigrantes.

Ese beneficio comenzará a partir de enero próximo, estará administrado por la agencia estatal de “Medicaid”, y será financiado con poco más de $36 millones en fondos estatales en los primeros dos años, y por una partida de $55 millones cada dos años posteriormente.

La oficina de Brown rechazó las críticas de conservadores de que Oregón se preocupa más por los indocumentados que por los estadounidenses, argumentando que es un asunto de salud pública, y una obligación moral el velar por la salud de todos en el estado, sin importar su estatus migratorio.

Así, Oregón se sumó al puñado de estados que han dado cobertura para niños indocumentados. La lista incluye a California, Illinois, Massachusetts, Nueva York, el estado de Washington, y la capital de EEUU.

La ley adoptada por California en 2016, por ejemplo, ya cubre a 200,000 menores de edad dentro de “Medicaid”, que este año tendrá un presupuesto de $440 millones.

En la actualidad, la mitad de los 50 estados, incluyendo Texas y Florida, ofrecen “Medicaid” con fondos federales, pero sólo para niños inmigrantes legales.

Activistas de la comunidad inmigrante han advertido durante meses que, desde que Trump asumió el poder con su retórica “anti-inmigrante”, muchas clínicas comunitarias afrontan el reto de alentar a los inmigrantes indocumentados a aprovechar sus servicios.

El temor a ser detenidos y deportados puede más que cualquier garantía de que sus datos no serán entregados a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Un derecho adquirido

En declaraciones hoy a este diario, Wendy Cervantes, analista de asuntos migratorios del “Center for Law and Social Policy” (“CLASP”), una organización “anti-pobreza” en la capital estadounidense,  criticó la queja de los conservadores de que el dinero de los contribuyentes no debe usarse para inmigrantes indocumentados.

“El debate reciente en el Congreso nos dejó claro que los estadounidenses creen que nuestra  nación se beneficia cuando todos pueden obtener el cuidado de salud que necesitan. Debemos recordar que los inmigrantes indocumentados también son contribuyentes, y que además de pagar impuestos a la nómina, también pagan impuestos de ventas, gasolina y de propiedades inmobiliarias”, señaló Cervantes.

La experta consideró que las iglesias y escuelas, que se han ganado la confianza de familias inmigrantes, pueden servir de enlace a información sobre cuidado de salud y nutrición para sus hijos, y hacer énfasis en que sus datos no serán compartidos con ICE.

La agencia ha dicho que, salvo situaciones extraordinarias, respeta los sitios sensibles, restringiendo sus operaciones policiales en ciertos lugares, como hospitales y clínicas.

CLASP y el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC) lideran una campaña integral con aliados estatales y nacionales para proteger el acceso de las familias inmigrantes a ayudas económica, de nutrición y  salud, dijo Cervantes.

Esa campaña no se da en el vacío, ya que en los próximos meses el Congreso será escenario de una lucha campal en torno a la reautorización de fondos para el programa de seguro médico federal para niños conocido como “CHIP” (“Children´s Health Insurance Program”), y el Crédito Tributario por Hijos (“Child Tax Credit”) para familias inmigrantes, entre otros retos.

Mientras, grupos cívicos en todo el país también hacen lo propio para defender los logros dentro de “Obamacare” que, aseguran, si bien no es una ley perfecta al menos redujo la tasa de personas sin cobertura médica, especialmente entre los pobres y las minorías.